El pasado 11 de agosto, el presidente Lenín Moreno anunció que decretaba el estado de excepción en el sistema penitenciario ante los hechos de violencia que se registraron principalmente en la Penitenciaría de Guayaquil.
En esa oportunidad Moreno indicó que las Fuerzas Armadas se sumaban a la tarea de control de los centros de reclusión del país. Sin embargo, en las últimas semanas se ha registrado la fuga y recaptura de varios privados de la libertad pese a que se ejercería un mayor control.
Reos que fabricaban alcohol dentro del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán (CRS-T), bandas que desde la Penitenciaría del Litoral coordinaban asaltos, fugados de la cárcel de Santo Domingo y en los últimos días ocho reos que evadieron los controles en la cárcel de Tulcán y otro que aprovechó a huir cuando era atendido en el hospital de Quevedo (luego se entregó); estos son varias de las situaciones que entre agosto y septiembre se han registrados.
Si bien el estado de excepción incrementó el personal a cargo de la vigilancia ya que ordenó la movilización de uniformados de la Policía Nacional y miembros del Ejército, esto tiene su limitación. En el decreto 1125 se dispuso la movilización del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Policía Nacional y el Ejército Nacional dentro de cada una de las competencias.
En el caso de los militares sus acciones serán complementarias a la de la Policía Nacional y en coordinación con esta institución se realizará control de armas en la seguridad perimetral de los centros penitenciarios, en las vías y las zonas de influencias de estas.
La Policía refuerza el control interno en coordinación con el SNAI, así como la seguridad perimetral e intervendrá en situaciones flagrantes dentro de los penales.
Es así como la presencia policial es más evidente en operativos internos como fue la reubicación de los reos el pasado 4 de septiembre en el complejo penitenciario de Guayaquil. Mientras que los militares participaron también en el operativo de recaptura de los ocho fugados en el Centro de Rehabilitación Social de Tulcán.
En el país hay 53 centros de privación de la libertad en el país con más de 1400 guías penitenciario y la población en reclusión llega a más de 35 mil.
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