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En $ 7.381 millones se calcula la deuda del Estado al IESS, acumulada durante varios Gobiernos

El vocal del IESS César Rodríguez dio cifras del IESS sobre deuda de salud y pensiones. En salud, el peso mayor son atenciones a jubilados y catastróficas.

El Estado mantiene una deuda de al menos $ 7.381,2 millones con el Instituto de Seguridad Social (IESS). Estos rubros, según un informe publicado por César Rodríguez, vocal de los empleadores en el Consejo Directivo del IESS, con base en datos oficiales de la entidad a abril del 2021, se relacionan con una deuda que aglutina cuatro rubros.

La deuda de salud (no auditada) asciende a $ 4.285,2 millones y la deuda por la falta de pago de la contribución de 40 % por pensiones suma $ 2.889,3 millones. Mientras que por devolución del IVA hay unos $ 200 millones por cobrar y $ 5,3 millones por seguro del desempleo.

En estos días, el representante de los empleadores en el Consejo Directivo del IESS ha insistido en la necesidad de que el Gobierno se siente a dialogar con el IESS para establecer soluciones de pago, sobre todo para la deuda de salud; que si bien viene arrastrándose desde el año 2002, requiere una salida.

Esto, porque ya para el siguiente mes, el fondo de salud no tendría liquidez suficiente para cubrir los gastos totales, y debería desinvertir parte de los fondos. Actualmente los fondos disponibles estarían en unos $ 20 millones.

Del rubro de salud, según los datos del IESS, los montos más gruesos son las atenciones médicas a jubilados que llegan a $ 2.547 millones; mientras que las atenciones por enfermedades catastróficas llegan a $ 1.675 millones. También se han hecho atenciones de salud a jefas de hogar y a personas con discapacidad.

Es que de acuerdo con la ley, este tipo de atenciones deben ser canceladas por el Estado. Según el literal d) del artículo 10 de la Ley de Seguridad Social, el jubilado recibirá prestaciones de salud en las unidades médicas del IESS, en las mismas condiciones que los afiliados activos, “con cargo a la contribución financiera obligatoria del Estado”. En la ley también se establece que sin perjuicio que el Estado entregue la contribución financiera, el jubilado recibirá la prestación.

Entre tanto, sobre el tratamiento de enfermedades catastróficas reconocidas por el Estado como problemas de salud pública, se hace “bajo la modalidad de un fondo solidario financiado con el aporte obligatorio de los afiliados y empleadores y la contribución obligatoria del Estado”, según el artículo 103 de la misma Ley, en el capítulo que trata de las prestaciones de salud.

La deuda de salud, según las cifras del IESS, se fue inflando exponencialmente desde el 2009 cuando se empezó a contabilizar con mayor rigurosidad. Así, en ese año la deuda estaba en $ 240 millones, pero cada año iba incrementándose en el orden de entre $ 300 y $ 500 millones, hasta llegar a los $ 4.217 millones del 2021.

Andrés Campaña, exdirector provincial del IESS (Pichincha), recordó que en 2010, una reforma a la Ley de Seguridad Social amplió la asistencia en salud a los hijos de los afiliados hasta los 18 años. Explica que era una política pública correcta; “pero no contó con ninguna fuente de financiamiento, constituyendo un perjuicio anual de $ 257 millones”.

A más del problema económico, la reforma incorporó 1,3 millones de nuevos beneficiarios de la noche a la mañana y, por tanto, conllevó a que el IESS busque fortalecer su modelo de salud curativo-hospitalario y la compra de servicios a prestadores externos que, entre el 2013 y el 2018, representó un gasto de $ 4.200 millones en menoscabo de la inversión en infraestructura y activos propios.

Campaña recuerda que para el 2015 la crisis era inminente y el Consejo Directivo del IESS, presidido por Richard Espinosa, aprobó la Resolución 501 que tomó ilegalmente $ 1.900 millones del fondo de invalidez, vejez y muerte en beneficio del fondo de salud. La medida no solucionó el problema y agravó el también crítico estado del fondo de pensiones.

Además recordó que en abril de 2020, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó una valuación actuarial del régimen de Salud del IESS con fecha de corte al 31 de diciembre del 2018.

Entre las principales conclusiones se indicaba que si el Gobierno cumple con su obligación de financiar la asistencia en salud de jubilados, jefas de hogar y personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, y el IESS cobra a los pacientes externos no afiliados de responsabilidad del MSP, el Issfa y el Isspol, hasta el 2028 no habría problemas en cuanto a la sostenibilidad del fondo de salud.

Sin embargo, si no cumple esos pagos, como sucede al momento, para el 2020 habría un déficit del 21,9 % que en el 2028 llegaría a más del 40 %. En el 2020 estaban previstos ingresos por $ 1.800 millones y gastos por $ 2.400 millones. En el 2028, los ingresos llegarían a $ 2.800 millones y los gastos a $ 4.500 millones.

Para Campaña, frente a la quiebra del fondo de salud hay alternativas. Urge el cobro al Gobierno de las deudas a favor del IESS; mientras tanto, el Instituto tiene que superar su caduco modelo de salud curativo-hospitalario con énfasis en la atención de enfermos y fortalecer la atención primaria con énfasis en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.

Rodríguez, por su parte, ha hablado de llegar a un acuerdo con el Gobierno para que pague al menos $ 400 millones de este año, para salud, y se incluyan unos $ 600 millones para el pago del 2022 en el presupuesto del Estado. 

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