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Procesados por más de USD 5 millones; fingieron ser beneficiarios o fallecidos para cobrar bono de desarrollo humano

Susana Martínez, jueza del Garantías Penales de Santo Domingo, llamó a juicio el lunes 23 de noviembre del 2020, a Wilmer V., Silvia Z., Josselyn P., Melba E. y Ángel V., procesados por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

De acuerdo con información de la Fiscalía, los sospechosos habrían cobrado el bono de desarrollo humano, otorgado por el Ministerio de Inclusión Económica y Socia (MIES). Los ahora procesados fingieron ser beneficiarios o personas ya fallecidas entre el 2014 y el 2018 para obtener esa ayuda del Gobierno de Ecuador.

Después de obtener el dinero, lo transfirieron a sus cuentas personales. El monto que cobraron alcanza los USD 5 066 332,44.

Wilmer V., Silvia Z., Josselyn P., Melba E. y Ángel V. fueron aprehendidos durante un operativo liderado por Fiscalía en diciembre del 2019 y que, además, se ejecutó en Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de Los Bancos, en la provincia de Pichincha; y en Santo Domingo, en Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Tras la operación policial, se decomisaron bienes inmuebles, motocicletas y vehículos y se retuvieron las cuentas bancarias de los ciudadanos.

La Fiscalía argumentó el llamamiento a juicio con una serie de evidencias. Por ejemplo, la entidad expuso las pericias financieras de bienes muebles e inmuebles, el informe elaborado por la Unidad de Análisis Financiero, que sirvió para determinar los movimientos financieros de los procesados, además del historial laboral de cada uno en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Según el Ministerio Público, también se presentaron: un informe ampliado de la situación tributaria de los sospechosos desde 2013 hasta 2018, información que llegó desde  diferentes entidades bancarias, datos remitida por la Superintendencia de Compañías, entre otros.

Los procesados no cumplen prisión preventiva, sino otras medidas. La jueza Martínez dispuso que se presenten periódicamente ante los operadores de justicia, además, tienen prohibido salir del país y enajenar bienes.

Ahora, Fiscalía espera que se determine la fecha y hora para la audiencia de juzgamiento. Los cinco sospechosos son procesados por el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y enfrentan una pena de entre 10 y 13 años de condena en una cárcel ecuatoriana.

Fuente: EC

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