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Naranjal y Posorja, más vulnerables a conflictos de tierras

El modus operandi en algunos conflictos de tierras, entre 2016 y 2017, según algunos denunciantes, era el siguiente: “Los invasores acuden a una notaría y se declaran como posesionarios de un terreno, dicen que han estado ahí 15 años, 8 años, sembrando arroz, criando animales. Luego acuden a la Dirección Distrital de Tierras, inician un trámite de presentación de títulos y piden que les adjudiquen el predio”. Así relatan que les pasó a Pablo Gaibor, Xavier Aguirre y Leopoldo Pereira con tierras que ellos consideran suyas en Naranjal y Balao (Guayas).

Los tres muestran, luego de tres y cuatro años de batallas judiciales, extensos informes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en las que se anulan las adjudicaciones dadas y se les favorece como dueños. Desde el 2016, en Guayas, el MAG ha ingresado 116 trámites para revertir títulos dados, porque en algunos casos los predios ya tenían dueño.

Sin embargo, Gaibor, Aguirre y Pereira no están tranquilos. Los supuestos invasores, cuentan, han presentado acciones judiciales contra el MAG por anular las adjudicaciones y con ello el litigio aún no tiene fin.

“Nosotros nos dimos cuenta de la estafa y nos fuimos contra la adjudicación. Como la Subsecretaría del Guayas no puede resolver, porque ella fue la que adjudicó, todo se presentó en Quito. Y en Quito les anulamos todo”, explica Gaibor, gerente de la empresa Tijedmy, a la que el MAG favoreció en agosto del 2019, tres años después de haber asignado el mismo predio de 18 hectáreas a M. Ramón y W. Vanegas, exfuncionarios de la Empresa Pública del Agua y de MAG en Guayas.

El predio en disputa con Tijedmy tiene 143 hectáreas. Otros adjudicatarios del predio fueron J. Peláez y K. Barba.

Peláez le vendió el terreno a Gustavo Santana, quien le vendió a R. Chica, quien lo traspasó a una empresa camaronera y esta lo hipotecó con una entidad bancaria.

Santana no precisó si otros adjudicatarios como W. Vanegas, quien había sido su abogado, también le vendieron su parte en el terreno. “Todo estaba en regla y procedí con la compra”, asegura y agrega: “Puede ir a revisar ahí, en la escritura de compra y venta”.

Estos nombres figuran en la ruta de los procesos administrativos del MAG y de los juzgados de Naranjal. También consta Marcos Chica, entonces alcalde de Naranjal y quien dispuso que se inscriba una resolución del Concejo Cantonal que anulaba la partición del terreno de Tijedmy.

Por el boom del camarón, las tierras de Naranjal y sus cantones aledaños, además de Posorja en Playas, se han convertido en las más apetecidas de toda la provincia, explican funcionarios del MAG; y por ende, aseguran, ahí es donde hay mayor conflictividad.

Según cifras del MAG, ahí se registran los mayores trámites de presentaciones de títulos, en los que el MAG solicita que quienes pugnan por un predio muestren en un plazo de 60 días sus títulos de propiedad.

Naranjal es el más candente, hay muchas camaroneras, hay tierras que la gente muere por tener. En Posorja la gente busca una cercanía con Guayaquil, también por el puerto”, comenta Briccida Robles, abogada en litigios de tierras.

Por citar un ejemplo, dice el exdirector distrital de Tierras, Juan Castro, una hectárea de tierra –sin producir– en Naranjal supera los $10 000.

“Al ser esta tierra más cara, es propicia para las invasiones, para los traficantes; en otros cantones la tierra es mala. Naranjal y Balao son los más atractivos, concentran mayores riquezas, camarón, cacao, caña de azúcar, son tres cultivos de mayor rentabilidad en el país”.

En Balao, Xavier Aguirre presentó una denuncia por la invasión que asegura que sufrió en su predio de 328 hectáreas en enero del 2016 por parte de una asociación a la que luego el MAG le asignó su propiedad. Hace un año, en octubre, el MAG le dio la razón a Aguirre y dispuso el desalojo de los supuestos invasores, luego de audiencias y escritos en los que Aguirre incluso se denunció la manipulación judicial en los sorteos en el juzgado de Naranjal, que tiene competencia también en Balao.

“Mi predio, los tres lotes, está totalmente invadido, uno es de 115 hectáreas, el otro es de 118, el otro de 122. Han construido casas en ciertas partes”, cuenta Aguirre y cuestiona que en las seis ocasiones que presentó recursos en el juzgado de Naranjal siempre le tocó el mismo juez, incluso cuando este juez estaba de turno y asumió como flagrancia un acción de protección, que a decir de otros jueces requería de sorteo.

El director de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura (CJ), Eduardo Medina, no aceptó una entrevista; mientras que Iván Pozo, director de Transparencia de Gestión del CJ, dijo no recordar que se hayan presentado quejas por irregularidades en la unidad judicial de Naranjal.

“Cómo puede ser posible que el MAG con todos el equipo que tiene, técnicos de campo, antes de emitir títulos no vayan a revisar in situ si una propiedad tiene dueño y sin preguntar en el registro de la propiedad”, reclama Aguirre.

En el caso de Leopoldo Pereira, el MAG hizo, en marzo del 2019, una reversión a su favor de las tierras (442 hectáreas en Balao, como se muestra en la foto superior) que dos años antes le había asignado a la asociación agrícola Asoprosarba. “Nunca presentan escrituras”, aseguró Manuel Peñafiel Falconí, presidente de la denominada corte nacional Indígena de Justicia, que patrocina a la asociación, presidida por Félix Baque, quien no aceptó entrevista con este Diario.

Pereira, en cambio, dijo que Peñafiel “ha emitido resoluciones fraudulentas que no tienen ningún tipo de competencia en predios rurales catastrados y delimitados en el Registro de Propiedad y en el Catastro del Municipio de Balao”.

Pero Peñafiel asegura que no son 442 hectáreas, sino 1500, y que son tierras ancestrales certificadas –según afirmó– por el Instituto de Patrimonio Cultural ante el hallazgo de piezas arqueológicas de gran valor.

Cinco meses después de la reversión del MAG, el predio de Pereira fue invadido en agosto del 2019 y en diciembre el MAG ordenó el desalojo, lo que hasta la semana pasada no se dio. (I)

Informe de Contraloría cuestiona procesos

Un informe de la Contraloría determinó que la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) adjudicó hace tres años la posesión de terrenos a una asociación que «no cumplía con los requisitos».

El expediente señala que con dos resoluciones se declaró la posesión de dos predios de 38 y 65 hectáreas en el sector San Carlos de la parroquia Balao (Guayas) a la asociación de productores Santa Rita Independiente, «pese a que esta obtuvo la personería jurídica el 30 de diciembre del 2015 y que sus miembros se encuentran ocupando los terrenos desde hace tres años».

Fuente: EU

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