Fuerza Terrestre en Ecuador ya tiene armamento no letal por un monto de USD 3,6 millones

Tres contratos que incluyen proyectiles de diferente índole, escopetas, gas lacrimógeno, según los términos de referencia deberían estar en poder del Ejército en febrero.

Un informe con fecha 25 de noviembre del 2019, del Comando Logístico de la Fuerza Terrestre que asegura que el material no letal militar “no es suficiente” y “está caducado”, fue base para los procesos de “adquisición de material no letal para ser empleado en operaciones contra disturbios, motines y contrainsurgencia”.

Fueron tres contratos firmados el 12 de diciembre pasado entre el Ministerio de Defensa y empresas de EE.UU. por USD 3,6 millones. El primero, es la compra de 179.070 proyectiles de perdigón y gas lacrimógeno (GS) por USD 2,9 millones.

Incluyen cartuchos 12 GA esfera de goma para disparar con una escopeta, la velocidad es de 165 metros por segundo y alcanza a unos 30 metros, informan desde el Ejército, el pedido también contiene cartuchos “aturdidores”, compuestos de plástico, pólvora negra y aserrín.

En este contrato consta la compra de GS para lanzar manualmente y con carabinas, los cuales no tienen las especificaciones de alcance y velocidad, pero según la policía, este material alcanzaría distancias de 70 a 100 metros.

El segundo contrato, fue para la compra de 1.000 escopetas calibre 12 para proyectiles no letales, su plazo de entrega está fechado para el 5 de febrero.

Este armamento no letal llama la atención a defensores de los derechos humanos, seis de ellas presentaron un informe en conjunto tras las protestas de octubre, donde hubo personas fallecidas, otros con heridas oculares por el impacto de estos proyectiles en la cara y en el cuerpo.

Se debe resaltar el informe de Naciones Unidas en diciembre del 2019, donde calificó el excesivo uso de la fuerza y recomendó se ponga fin al uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para el control de las manifestaciones, a los agentes estatales abstenerse de usar los perdigones de goma o metal.

El tercer contrato es por 1.200 máscaras antigás de cuatro filtros por un monto de USD 234.000, cuya entrega concluye el 20 de enero.

Estos procesos contractuales tiene un Informe de Necesidad entregado por el Comando de Operaciones Terrestres. Ese análisis evidencia “la falta de material no letal para el empleo en las operaciones”, desarrolladas por los militares en las manifestaciones del 3 al 14 de octubre del 2019.

Con este equipamiento militar se dotará “a 204 equipos de combate, constituidos por 20 personas cada uno”, correspondiente a 4.080 soldados. Esta compra abastecería al 15% del personal en las “operaciones militares” antimotines e incrementará la operatividad “en caso de nuevos disturbios que alteren el orden público”.

Algo que al parecer queda pendiente según el Informe de Necesidad, es la adquisición de 3.000 escudos antimotines y 3.753 trajes tipo “robocop”, ya que en la página del Servicio de Compras Públicas (Sercop) no aparecen la contratación de estos implementos.

En la página web ministerial constan otros nueve procesos de adquisición de material antimotines, del 25 de noviembre, parece que no llegaron a culminar la compra, pero se puede observar las justificaciones que hacía el Ejército para la compra de artículos como: lanzadores múltiples de gas GS (de hasta 30 bocas), lanzagranadas con tambor con capacidad para seis proyectiles, municiones; equipos de comunicación, trajes, escudos y repuestos para vehículos antimotines, por un monto referencial de USD 6 millones.

Fuente: El Comercio