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Capturan a funcionario judicial cuando recibía dinero ilegal

Según una denuncia en Machala, un funcionario judicial habría solicitado 800 dólares a una ciudadana para no archivar una investigación previa. La víctima dio a conocer sobre el particular al Fiscal de Flagrancia, quien en coordinación con la Policía Judicial procedió con la aprehensión.

La ciudadana había acudido a la Corte Provincial de Justicia de El Oro, para averiguar el motivo por el que presuntamente se archivaría un proceso en el cual ella había presentado la denuncia. Sin embargo, cuando le tocó el turno para conocer qué Juez sería el que iba a conocer la causa (y supuestamente archivarla), el funcionario Washington Kennedy M. G. la habría abordado y al enterarse de lo que ocurría, habría procedido a ofrecerle su “ayuda” a cambio de dinero.

Según la denunciante, le habría dicho que él conocía al Juez y que le convencería de que no archive la causa, sino que la mandaría de nuevo a Fiscalía para que la conozca otro fiscal.

En un principio le solicitó 1.500 dólares, pero al final se habría acordado en que serían 800. La víctima le contó a su abogado lo ocurrido y decidieron presentar la denuncia en Fiscalía, institución que inició un acto urgente y coordinó con la Policía Judicial para proceder con la detención del funcionario.

El viernes 22 de noviembre, alrededor de las 17:00, la ciudadana y el funcionario judicial se habrían encontrado en un cajero ubicado cerca de la Corte Provincial. Ella le entregó el dinero y ahí fue aprehendido, en delito flagrante.

En su poder se encontraron 400 dólares en efectivo y un cheque, entregados por la víctima, además de dos teléfonos celulares.

En la audiencia de flagrancia y formulación de cargos se llevó a cabo este sábado 23 de noviembre, en la Unidad Judicial Penal del cantón Machala, Fiscalía formuló cargos por el delito de concusión en contra Washington Kennedy M. G.

Entre los elementos de convicción se presentó el dinero entregado por la ciudadana y encontrado en posesión del procesado, además de dos teléfonos celulares, para los que se pidió la debida autorización para efectuar los respectivos peritajes de llamadas y mensajes de whatsapp.

Fiscalía solicitó que se dicte orden de prisión preventiva, además de medidas de protección a favor de la denunciante, pues habría sido amenazada.

El Juez de turno acogió las solicitudes de Fiscalía y también resolvió que la instrucción fiscal dure treinta días.

El delito de concusión está tipificado en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Fuente: Vistazo

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