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27 investigados por incendio a la Contraloría, en las protestas de octubre, salen de prisión.

La Fiscalía pidió reformular cargos en contra de los 27 investigados tras el incendio del edificio de la Contraloría. En un inicio se los acusó por el delito de terrorismo. Sin embargo, al no encontrar elementos suficientes se los procesará por sabotaje, paralización de servicios públicos y destrucción de registros.

La Fiscalía también pidió que se mantenga la prisión preventiva en contra de los detenidos. No obstante, la jueza Luz María Ortiz, que estuvo a cargo de la audiencia de reformulación de cargos, ordenó medidas sustitutivas para que puedan defenderse en libertad.

Las nuevas figuras penales se encuentran tipificadas en los artículos 345, 346 y 347 del Código Penal. El delito de sabotaje se configura si una persona destruye instalaciones para la prestación de servicios públicos, con el objetivo de “trastornar el entorno económico del país o el orden público”. El máximo de la pena llega a los 10 años.

La Fiscalía pidió reformular cargos en contra de los 27 investigados tras el incendio del edificio de la Contraloría. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
La Fiscalía pidió reformular cargos en contra de los 27 investigados tras el incendio del edificio de la Contraloría.

La paralización de servicio público también está penada con tres años. En cambio, los sentenciados por destrucción de registros pueden estar en la cárcel hasta 10 años.

Previamente, el 13 de noviembre, la Fiscalía cambió su acusación contra seis adolescentes que estaban libres desde el 31 de octubre, gracias a un recurso de hábeas corpus presentado por la Defensoría Pública. Los menores fueron retenidos en las cercanías de la Contraloría y acusados de terrorismo. Ahora enfrentan cargos por paralización de servicio público.

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